Yo también me salto la fila

 

Jorge Gómez Gallego

 

 

El aparentemente imperturbable Ministro de Salud se salió de la ropa al conocer los datos entregados por la Defensoría del Pueblo en el libro que acaba de presentar su titular, denominado”La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad Social 2013”.

 

Según esa dependencia, el año pasado fueron presentadas cerca de 115.000 acciones de tutela para demandar atenciones en salud. El dato, que para cualquier ciudadano con criterio democrático es un verdadero escándalo, para el recién ratificado Ministro es una cifra insignificante. Incluso la calificó como un “buen titular amarillista”, pretendiendo descalificar el estudio de la Defensoría.

 

Para el Ministro santista, la comparación entre los eventos atendidos y los que requieren tutela es prueba de que el asunto no reviste mayor gravedad. Afirma que mientras al año se atienden cerca de millón y medio de eventos de salud, solamente 115.000 requirieron de la tutela, según él, menos del 0,1%.

 

Omite maliciosamente el doctor Gaviria que en el gran total de eventos de salud de que habla están incluidos los procedimientos que no han requerido jamás una tutela, que son la inmensa mayoría. Están las urgencias, los pequeños procedimientos, la atención prioritaria, las vacunas, la consulta externa de primer nivel y otros que como se dice coloquialmente, “no se le niegan a nadie” porque son de bajo costo o de obligatoria atención para los prestadores y entes territoriales.

 

La tutela la interponen los ciudadanos de a pié para conseguir una autorización para los procedimientos, tratamientos, cirugías, exámenes diagnósticos o prótesis que les cuestan alguna suma significativa de dinero a esos grandes amigotes del Gobierno que son las EPS. Por eso, el doctor Gaviria, que posa de ser tan docto y académico, debiera saber que su comparación es inapropiada para dar una idea del problema. Diluir la tutela en todo el universo de los procedimientos de salud no pasa de ser un vulgar truco para engañar lectores desprevenidos.

 

La tentativa de engaño no se queda en “echarle más agua a la sopa” para que la proporción de la “sal y la sustancia” se reduzca. Recurre también a la maña de afirmar que la ocurrencia de tutelas viene bajando respecto al número de afiliados y para ello toma como referencia el año 2008, que fue el pico más alto en toda la historia de este mecanismo de defensa del ciudadano, justamente el año en el que la Corte Constitucional en buena hora profirió la sentencia T-760 que equipara el derecho a la salud con el derecho a la vida.

 

Ese punto de partida le permitió concluir al doctor Gaviria, en contravía de lo que aconseja el rigor estadístico, que pasamos de una tasa de 36,4 tutelas por cada 10.000 afiliados en 2008, a una de 25,5 el año pasado. La realidad nos dice que aparte del 2008, la tasa se ha mantenido constante: 24,3 en 2009, 22,1 en 2010, 23.9 en 2011, 25,4 en 2012. Otra maniobrita dialéctica para tratar de salvarle la papeleta a Santos y sus EPS.

 

Pero el más grave dislate del Ministro consistió en agredir a los ciudadanos que acuden a la tutela para salvar su vida; los acusó de tramposos al afirmar que quien recurre a esa acción, lo hace “para saltarse la fila”. Sepa señor Ministro que si mi vida está en peligro y el intermediario financiero o EPS, tan cercano a su corazón y al del gobierno de Santos, con el propósito de acrecentar su ganancia me niega o dilata la prestación del servicio que me va a salvar o a prolongar la existencia, yo también me salto la fila. Usted seguramente no lo hará nunca, estoy seguro que no conoce una fila y menos una como esta: la fila de la muerte.

 

Periscopio: El Gobierno de Santos sigue sin responder al clamor de los antioqueños para que modifique el concepto arbitrario del Ministerio de Hacienda sobre la naturaleza privada de 29 hospitales antioqueños, lo que les impide recibir recursos para los planes de saneamiento fiscal y financiero.

 

Lo cierto es que en el Ministerio y la Secretaría Seccional de Salud figuran como públicos, le reportan a las Contralorías, la Superintendencia, la Contaduría y el Ministerio; son auditados por la Contraloría Departamental, objeto de control disciplinario por la Procuraduría; son de propiedad de los Municipios, sus funcionarios son públicos, es decir ¡son públicos! Pero para asfixiarlos y luego liquidarlos, cualquier pretexto es válido en el gobierno de Santos II, el cual, de acuerdo a sus primeros pasos, será diez veces peor que el de Santos I.

 

Fuente:

polomoir@listas.moir.org.co 

polo-moir@lists.riseup.net 

moir@moir.org.co

 

*Jorge Gómez Gallego, diputado Polo Antioquia, Medellín, agosto 27 de 2014

 

 

 

Saludcoop: el mayor asalto al patrimonio público

 

Por Jorge Robledo

Senador de la República de Colombia

 

"La demanda penal por defraudación contra el cartel de las EPS duerme el sueño de los justos. El fiscal general de la Nación, encargado de investigar el robo, hizo contratos con Saludcoop por más de 5 mil millones de pesos. Está comprobado que, con la Ley 100, el sistema de salud de Colombia no tiene arreglo. Según la Contraloría, el Minsalud ha incumplido lo ordenado por la Corte Constitucional sobre la UPC. Sigue habiendo corrupción con los recobros del Fosyga. Más de 6 billones les deben las EPS a hospitales y clínicas. De 955 ESE existentes en Colombia, 430 se encuentran en alto riesgo financiero y 568, en riesgo entre alto y medio. Según la Defensoría, hubo en 2013 casi 300 mil denegaciones de servicios de salud.

 

Según la Defensoría, en Colombia se presenta una tutela cada cuatro minutos, la mayor parte con exigencias en salud. Ilegalmente, con la plata de la UPC, Saludcoop compró 28 clínicas, 14 lotes, una inversión en el Río Grande Country Club, la Lavandería Impecable y Saludcoop México. Según la Contraloría, Saludcoop le adeuda 1,4 billones de pesos al sistema de salud, porque se los apropió ilegalmente. También les debe 583 mil millones a las IPS. Saludcoop ha incurrido en causal de disolución y liquidación. Y el gobierno no hace nada. Entre el 2010 y el 2013, la cartera vencida de las EPS con las IPS pasó de 1.9 a 4.2 billones de pesos. El ministro y el superintendente deben renunciar. El sistema de salud requiere alta cirugía y cambios de fondo, no paños de agua tibia.

 

Empiezo expresando mi voz de solidaridad con los ibaguereños y tolimenses que hoy padecen un desastre con su principal hospital, el del departamento, el Federico Lleras, sumido en una crisis gravísima. Y vamos a ver en el debate cómo hay muchas crisis más en la red pública. Lo quiero poner como un ejemplo para ilustrar en qué momento estamos adelantando este debate.

 

Recordemos que en 2011 hice un debate que de alguna manera es el antecedente de este otro. Lo que advertimos en ese momento es lo que ha pasado a lo largo de estos casi tres años. Y voy a explicar cómo las cosas, lejos de haberse resuelto, se han incluso empeorado, tanto en lo relacionado con el funcionamiento general del sistema de salud, como en lo que tiene que ver con el caso Saludcoop, un asunto sobre el que me detuve en detalle aquella vez. Apoyado en decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, denuncié que las principales EPS del país habían montado un cartel, fue la palabra que usó la Superindustria, para defraudar, para robarse, usando un lenguaje coloquial, los recursos de la salud. Señalé también cómo Saludcoop había inflado sus cuentas de medicamentos en 800 mil millones de pesos. Poco después, la viceministra de Salud les interpuso una demanda penal, que duerme el sueño de los justos. Hablamos de las manipulaciones con los recobros del Fosyga y cómo se pagaban medicamentos a unos precios absolutamente escandalosos, de los horrores de la integración vertical como instrumento para defraudar el sistema, de las inmensas deudas de las EPS a las IPS y de la crisis hospitalaria tanto pública como privada. Demostramos cómo la auditoría del Estado a las cuentas del cartel defraudador era prácticamente inexistente, porque las EPS informaban lo que querían y, en cierto sentido, también hacían lo que querían.

 

Mencioné específicamente que me parecía un gran desacierto haber nombrado como fiscal General de la Nación a quien venía de tener contratos por más de 5 mil millones de pesos con Saludcoop, empresa fuertemente cuestionada en ese momento. Precisé que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, Saludcoop se había embolsillado ilegalmente, o robado, digamos para usar un lenguaje más directo, 600 mil millones de pesos de recursos de la salud. En ese momento la decisión estaba impugnada, pero ya era una decisión de la Superintendencia de Salud. Expliqué que la salud de los colombianos era terriblemente mala. Y señalé por último que con la Ley 100, el sistema de salud de Colombia no tendría arreglo.

 

La idea, colegas, es volver a mirar qué ha pasado, qué es lo nuevo y cómo vamos. Y comienzo por hacer una advertencia. Este no es un debate contra el cooperativismo, no tengo nada contra esa respetable actividad de los seres humanos. Tampoco es un debate contra los trabajadores de Saludcoop. El pleito es con algunos de los directivos de Saludcoop, de ninguna manera contra los trabajadores y mucho menos contra los pacientes de Saludcoop, en buena medida víctimas de este desastre.

 

Voy a partir mi intervención en dos grandes temas. El primero, qué pasa con el sistema de salud en Colombia. El segundo, de qué se trata el caso Saludcoop. Y voy a concluir señalando que las cosas andan de mal en peor. Voy a señalar mi insatisfacción por las explicaciones que me han dado tanto el ministro de Salud, el doctor Gaviria, como el superintendente de Salud. Y dependiendo de las explicaciones que oiga hoy, es probable que concluya pidiendo renuncias, porque pienso que alguien tiene que responder por las cosas cuando no funcionan de manera adecuada.

 

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Fuente:
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 2 de septiembre de 2014

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